La plataforma sostiene que hasta el 71% de las plantas actualmente en tramitación podrían quedar fuera de la capacidad de rechazo municipal si la Junta las declara proyectos prioritarios
El proyecto de planta de biometano de Socuéllamos vuelve a situarse en el foco tras las advertencias realizadas por Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha sobre el borrador del nuevo decreto con el que el Gobierno regional pretende regular este tipo de instalaciones.
La plataforma sostiene que, pese a que la nueva normativa contempla que los ayuntamientos puedan rechazar la implantación de estas plantas en sus municipios, existe una excepción que podría afectar a buena parte de los proyectos actualmente en tramitación.
La cuestión resulta especialmente relevante para Socuéllamos, ya que su proyecto figura, según la información difundida por Stop Ganadería Industrial, entre las ocho plantas que ya han obtenido la declaración de proyecto prioritario en Castilla-La Mancha.
En Ciudad Real se encontrarían las de Campo de Criptana, Socuéllamos, Caracuel de Calatrava y Carrión de Calatrava, mientras que en Toledo se citan Noez, Gálvez, Madridejos y Mascaraque.
El 71%, según los cálculos de la plataforma
Stop Ganadería Industrial explica que el borrador permite, con carácter general, que sean los ayuntamientos quienes tengan capacidad para rechazar estos proyectos. Sin embargo, según su interpretación del texto, esta facultad municipal tendría una excepción cuando una planta sea declarada proyecto prioritario por la Junta de Comunidades.
La plataforma señala que pueden optar a esta declaración proyectos situados en zonas vulnerables a nitratos y destinados al tratamiento de residuos como purines, vinazas o alperujos.
De las 70 plantas que, según sus datos, se encuentran actualmente en tramitación en Castilla-La Mancha, 50 reunirían esas condiciones, lo que representa aproximadamente un 71 %.
La organización advierte por ello de que, si estos proyectos fueran declarados prioritarios, los respectivos ayuntamientos podrían perder la capacidad de detenerlos contemplada con carácter general en el nuevo decreto.
Un máximo del 20% de los residuos podría llegar desde cualquier distancia
Otro de los puntos destacados por la organización afecta a la procedencia de los residuos.
El borrador establece que el 80 % de los residuos utilizados por estas instalaciones deberá proceder de un radio máximo de 35 kilómetros, una superficie que la plataforma cifra en unos 3.848 kilómetros cuadrados.
Esto supone, a su vez, que el 20 % restante podría proceder de fuera de ese radio, otro aspecto sobre el que Stop Ganadería Industrial muestra sus reservas.
El nuevo decreto llega después de la retirada, el pasado mes de junio, del anterior Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha, que recibió más de 15.000 alegaciones, según recuerda la plataforma.
Tras aquella retirada, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, defendió que la nueva regulación otorgaría un papel fundamental a los ayuntamientos a la hora de decidir si quieren este tipo de instalaciones en sus términos municipales.
Stop Ganadería Industrial considera ahora que las excepciones introducidas en el borrador hacen necesario matizar esa afirmación y cuestiona que la normativa pueda calificarse de plenamente «garantista».
El debate tiene una evidente repercusión local. Socuéllamos lleva meses viviendo una importante movilización ciudadana alrededor del proyecto de biometano, hasta el punto de que la Plataforma Stop Biometano Socuéllamos comunicó recientemente haber superado las 10.000 firmas de apoyo a sus alegaciones.
Precisamente por encontrarse el proyecto socuellamino entre los que ya cuentan con la consideración de prioritarios, el alcance jurídico de esta figura y su relación con las competencias municipales se convierte en uno de los aspectos fundamentales que deberán aclararse durante la tramitación definitiva del decreto.
El borrador se encuentra actualmente sometido a participación pública y pueden presentarse aportaciones hasta el próximo 24 de agosto.
Hasta entonces, la regulación continúa siendo un borrador, por lo que habrá que esperar al texto definitivo para conocer con precisión cómo quedará articulada la capacidad de decisión de los ayuntamientos y, particularmente, qué consecuencias tendrá la declaración de proyecto prioritario para casos como el de Socuéllamos.
