La Plataforma Vecinal reclama que el rechazo del Pleno sea vinculante, mayores distancias al casco urbano, protección del acuífero y del sector vitivinícola y advierte de que acudirá a los tribunales y organismos europeos si fuera necesario
La Plataforma Vecinal STOP Biometano Socuéllamos ha hecho pública su posición ante el nuevo borrador de decreto sobre instalaciones de biometano impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, después de haber presentado 13.819 firmas contrarias a la implantación de macroplantas de este tipo en el municipio.
En una comparecencia estructurada entre varios portavoces, el colectivo ha asegurado que el número de firmas recogidas demuestra, a su juicio, la existencia de un amplio rechazo social a estos proyectos y ha agradecido la movilización de los vecinos.
La plataforma dirige su mensaje especialmente a la Consejería de Desarrollo Sostenible y al Gobierno regional, al que recuerda la retirada del anterior Plan de Biometanización. Considera que el nuevo borrador de decreto, aunque se presente como más garantista, continúa sin ofrecer las garantías que reclama Socuéllamos.
El colectivo atribuye a este tipo de instalaciones potenciales consecuencias relacionadas con los olores, el tránsito de vehículos pesados, la presencia de insectos y roedores, los recursos hídricos o la afección al valor de propiedades y explotaciones agrarias. Se trata, en todos estos casos, de argumentos y valoraciones expresados por la propia plataforma.
“Socuéllamos no va a ser el vertedero de la región”, han manifestado sus portavoces.
80 alegaciones al borrador
Además de las firmas, STOP Biometano asegura haber elaborado 80 alegaciones de carácter técnico y jurídico. Entre sus principales reclamaciones figura que cualquier pronunciamiento contrario del Pleno del Ayuntamiento de Socuéllamos tenga carácter vinculante.
La plataforma rechaza que la Administración regional pueda declarar una planta como “inversión estratégica” y, de esta forma, según su interpretación del borrador, imponerse sobre una decisión municipal. Defiende para ello el principio constitucional de autonomía local.
Otro de los asuntos planteados afecta a los caminos rurales. El colectivo reclama que el Ayuntamiento disponga de capacidad para limitar el tránsito de vehículos pesados vinculados al transporte de residuos, especialmente durante la vendimia. Argumenta que estas vías están fundamentalmente destinadas a las necesidades agrícolas y que una elevada circulación de camiones podría perjudicar tanto las infraestructuras como el normal desarrollo de las labores del campo.
STOP Biometano pide igualmente que los proyectos estén sometidos desde el comienzo a Autorización Ambiental Integrada (AAI) y que sus diferentes componentes —planta, balsas de digestato, viales o conducciones para la inyección del gas— sean estudiados conjuntamente y no mediante evaluaciones separadas.
Reclaman una evaluación ambiental estratégica
En el apartado jurídico, los portavoces cuestionan que el cambio desde la figura de un plan a la de un decreto permita prescindir de una Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria.
Según sostiene la plataforma, resulta imprescindible analizar previamente factores como la posible acumulación de proyectos, las emisiones conjuntas o la capacidad del territorio antes de autorizar nuevas instalaciones.
Uno de los puntos más destacados de sus alegaciones es el relativo a las distancias mínimas. Frente a los 2.000 metros que, según la plataforma, contempla el borrador respecto a los núcleos de población, el colectivo solicita elevar la distancia hasta 25 kilómetros del casco urbano y cinco kilómetros respecto a bodegas, pozos de agua potable y viviendas rurales.
Especial preocupación por el agua
La protección de los recursos hídricos constituye otro de los argumentos centrales. La plataforma recuerda la situación de Socuéllamos como zona vulnerable a nitratos y su ubicación sobre la masa de agua subterránea Mancha Occidental II.
A partir de estas circunstancias, muestra su preocupación por la instalación de balsas destinadas a almacenar digestatos y reclama que la protección del acuífero sea determinante en cualquier procedimiento administrativo.
También solicita que cualquier proyecto que se presente tenga previamente resueltos tanto el abastecimiento de agua como el destino del gas producido. En concreto, reclama que las solicitudes aporten desde el inicio la correspondiente concesión de agua y un punto de inyección garantizado por la empresa gasista.
La plataforma introduce además en sus alegaciones la normativa sobre accidentes industriales graves y pide que se determine la aplicación de las exigencias derivadas de la normativa Seveso III, incluyendo, cuando corresponda, planes y protocolos de emergencia.
Defensa del viñedo y las bodegas
El tercer gran bloque de argumentos se centra en el sector vitivinícola, que STOP Biometano considera esencial para la economía, el paisaje y la identidad de Socuéllamos.
La plataforma sostiene que la implantación de grandes instalaciones de tratamiento de residuos podría afectar a la imagen de las bodegas, las cooperativas, los agricultores y los vinos de la zona. Por ello reclama que los procedimientos tengan en cuenta expresamente las posibles repercusiones sobre el sector y sobre la salud pública.
Particularmente contundente es su posición respecto al digestato, material resultante del proceso de digestión anaerobia. El colectivo pide que no pueda aplicarse en crudo sobre los terrenos agrícolas y reclama su tratamiento completo dentro de las propias instalaciones.
También invoca el principio de cautela y solicita la realización de evaluaciones de impacto en salud pública, prestando especial atención a las posibles consecuencias sobre población vulnerable.
Avales millonarios y residuos de proximidad
Entre las 80 alegaciones aparecen asimismo importantes garantías económicas. STOP Biometano propone exigir a las empresas promotoras un aval bancario de tres millones de euros, previo al inicio de las obras, además de un seguro de responsabilidad ambiental de diez millones de euros.
El objetivo, explica, sería disponer de garantías económicas suficientes ante posibles daños ambientales, cierres de instalaciones o insolvencias empresariales.
La plataforma reclama igualmente aplicar estrictamente el denominado principio de proximidad, limitando la procedencia de los residuos tratados. Su planteamiento es que las instalaciones no puedan convertirse en receptoras de purines, lodos u otros residuos trasladados desde otras comarcas o comunidades autónomas.
“Socuéllamos no va a ceder ni un solo milímetro”
La comparecencia concluyó con un mensaje dirigido al Gobierno de Castilla-La Mancha y a su presidente. La plataforma asegura que continuará su oposición a las macroplantas y que utilizará todas las vías legales que considere disponibles.
“Socuéllamos no va a ceder ni un solo milímetro”, señalaron sus portavoces, quienes aseguraron que las 13.819 firmas y las 80 alegaciones respaldan su posición.
El colectivo anuncia que, si el procedimiento continúa en términos que considere perjudiciales para el municipio, está dispuesto a trasladar sus reivindicaciones a los tribunales de justicia, a organismos europeos y a nuevas movilizaciones ciudadanas.
La Plataforma STOP Biometano cierra así una nueva etapa de su movilización: tras la recogida y presentación de firmas, centra ahora sus esfuerzos en combatir desde el terreno administrativo y jurídico el nuevo marco normativo planteado por Castilla-La Mancha.
