La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha mantenido una reunión con representantes de las plataformas Stop Biometano de Castilla-La Mancha para presentarles el contenido del borrador del futuro Decreto regional de Biometano.
En el encuentro, celebrado en la Consejería, participó también la plataforma de Socuéllamos, representada por Francisco de Santiago, dentro del grupo de colectivos ciudadanos que se han movilizado en distintos municipios de la región frente a la implantación de plantas de biometano.
Según ha trasladado el Gobierno regional, la reunión sirvió para explicar las principales líneas del borrador del decreto y recoger las inquietudes de las plataformas. La consejera puso en valor el “diálogo abierto” y animó a los colectivos a presentar las alegaciones que consideren oportunas cuando la normativa salga a información pública.
El Ejecutivo autonómico ha informado de que el periodo de consulta pública permanece abierto desde el 22 de junio hasta el 3 de julio. Posteriormente se abrirá una fase de información pública de 45 días naturales, en la que podrán presentar aportaciones las plataformas, los promotores de proyectos, los ayuntamientos y la ciudadanía en general.
El borrador del decreto recoge la resolución aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha y, según la Junta, plantea una normativa “garantista” para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma.
Entre las medidas previstas se incluye que los ayuntamientos puedan someter a votación en sus plenos los proyectos antes del inicio de la tramitación, que las plantas se ubiquen a un mínimo de dos kilómetros de los núcleos urbanos y que el 80% de los residuos que traten proceda de la comarca, dentro de un radio máximo de 35 kilómetros.
La consejera también señaló que la futura normativa incorporará medidas obligatorias para evitar olores y garantizar el tratamiento hermético de los residuos. Entre ellas, citó el cierre de balsas y la prohibición de transportar residuos por los núcleos urbanos.
Asimismo, Gómez explicó que todos los proyectos deberán adaptarse al cien por cien a la normativa recogida en el decreto, con un plazo de entre 12 y 14 meses para realizar las transformaciones que pudieran ser necesarias.
En la reunión, la consejera estuvo acompañada por los directores generales de Calidad Ambiental y Transición Energética, Tomás Villarrubia y Alipio García, así como por la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro.
La presencia de la plataforma de Socuéllamos en este encuentro se enmarca en la actividad que el colectivo viene desarrollando durante los últimos meses para trasladar sus preocupaciones sobre los posibles efectos ambientales, sanitarios y sociales de este tipo de instalaciones.
