El Grupo Municipal Socialista ofreció en la tarde del jueves una rueda de prensa en la que expuso su versión sobre la gestión administrativa relacionada con la empresa Athisa, dedicada al tratamiento de residuos médicos y donde el pasado 27 de octubre se produjo un accidente laboral que costó la vida a una trabajadora y dejó varios heridos. La comparecencia estuvo encabezada por la portavoz del grupo, Vanessa Sáez, quien comenzó trasladando el “pésame y apoyo” a las familias afectadas por el suceso.
La edil señaló que, desde el momento del accidente, las investigaciones están en manos de la Policía Judicial, por lo que el grupo socialista ha mantenido silencio público “por respeto a las víctimas”. No obstante, Sáez afirmó que en los últimos días se han vertido “acusaciones e insinuaciones” hacia su grupo, así como mensajes “confusos” sobre el origen del expediente administrativo, lo que, explicó ha llevado al PSOE a hacer pública su versión.
Un expediente que, según el PSOE, se ha desarrollado íntegramente en la actual legislatura
Durante su intervención, la portavoz detalló un cronograma con fechas y documentos que, según dijo, evidenciarían que el expediente de actividad y funcionamiento de Athisa se ha tramitado durante la actual legislatura, bajo el equipo de gobierno encabezado por la alcaldesa Conchi Arenas.
Sáez subrayó que en el año 2016 solo consta en el registro del Ayuntamiento una solicitud inicial presentada cuando Arenas era concejala de Urbanismo, pero que el expediente no volvió a reactivarse hasta mediados de 2023. “Es rotundamente falso que la autorización provenga de la legislatura anterior”, afirmó.
Añadió que la licencia de apertura se otorgó el 13 de marzo de este año al considerar los técnicos municipales que la documentación aportada por la empresa era correcta. A partir de ese momento, según el PSOE, comenzaron a surgir dudas sobre el modo en que la empresa estaba desarrollando su actividad.
Alertas “desoídas” y un calendario de requerimientos
La portavoz enumeró distintas actuaciones realizadas por su grupo desde el inicio de la actividad de Athisa: la solicitud del plan de autoprotección y emergencias (17 de julio), un requerimiento escrito pidiendo vigilancia por posibles tratamientos no autorizados (5 de agosto) y distintas peticiones de información en comisiones municipales.
Según su relato, el 24 de septiembre la comisión de Urbanismo acordó la paralización por vertidos y pidió que el expediente fuera trasladado a la Junta de Comunidades para su revisión, mientras que la plataforma ciudadana contraria a la instalación del centro presentó su propia solicitud el 11 de octubre. Sáez aseguró que, pese a haber solicitado en dos ocasiones confirmación oficial del estado del expediente en la Junta, “esta información no se comprobó” antes de levantarse la paralización el 24 de octubre, tres días antes del accidente.
Llamamiento a la transparencia
Sáez sostuvo que Athisa “no es una empresa cualquiera” y requiere un control exhaustivo por tratar residuos sanitarios. Lamentó que, a su juicio, las advertencias trasladadas en los últimos meses “no hayan sido atendidas” con la prioridad necesaria.
Aun así, el PSOE afirma que no pretende “señalar culpables”, insistiendo en que será la justicia quien determine responsabilidades. El objetivo, añadio, es que los vecinos “conozcan la verdad completa” y recuperar la confianza ciudadana a través de la transparencia.
El grupo municipal cerró su intervención poniendo a disposición de las autoridades toda la información recopilada y reiterando su voluntad de colaborar “en todo lo necesario”, sin perder de vista, subrayó Sáez, que “lo más importante son las víctimas y que hechos así no se repitan”.
