Las plataformas ciudadanas Stop Biometano de distintos municipios de Castilla-La Mancha han exigido al presidente regional de ASAJA, José María Fresneda, una rectificación pública tras sus declaraciones en un desayuno informativo patrocinado por el diario La Tribuna de Ciudad Real, en el que instó a los poderes públicos a “no ceder ante las movilizaciones subvencionadas”.
El comunicado está suscrito por las plataformas de Campo de Criptana, Carrión de Calatrava, Huelves-Paredes, La Villa de Don Fadrique, Llanos del Caudillo, Socuéllamos, Tobarra, Tomelloso junto a Arenales de San Gregorio y Pedro Muñoz, y Valdepeñas, que rechazan de forma rotunda esas afirmaciones y las califican de “inexactas, ofensivas y profundamente injustas”.
Las plataformas defienden que sus movilizaciones tienen un carácter vecinal, voluntario, altruista y democrático, y aseguran que no reciben subvenciones ni responden a intereses ocultos. Según señalan, se trata de vecinos y vecinas organizados desde la preocupación por la salud pública, el agua, la agricultura tradicional, el medio ambiente y el futuro de sus municipios ante la implantación de macroplantas industriales de biometano.
En su escrito, las plataformas anuncian que ejercen formalmente su derecho de rectificación y réplica ante unas declaraciones que consideran falsas y lesivas para la dignidad del movimiento ciudadano. Sostienen que acusar a los vecinos de estar subvencionados busca desacreditar una movilización legítima en lugar de responder al fondo del problema.
El colectivo recuerda que la participación ciudadana en asuntos públicos y ambientales está amparada por la Constitución Española, el Convenio de Aarhus, la Ley 27/2006 de acceso a la información y participación pública en materia de medio ambiente, la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y la normativa europea aplicable.
Las plataformas también rechazan las referencias realizadas por Fresneda al debate político existente en torno a estas plantas y al horizonte de mayo de 2027. A su juicio, esa mención evidencia una presión política para acelerar la implantación de este modelo industrial antes de que la ciudadanía pueda expresar su posición en las urnas.
Frente a esa aceleración, reclaman una suspensión cautelar y una moratoria mínima de cuatro años en la tramitación de nuevas autorizaciones e inversiones vinculadas a plantas de biometano, especialmente en un contexto de emergencia hídrica, sobreexplotación de acuíferos y falta de garantías ambientales suficientes.
El comunicado insiste en que el debate sobre el biometano no puede reducirse a una cuestión económica o energética, sino que debe abordar de forma rigurosa las posibles afecciones sanitarias, ambientales e hidrológicas asociadas a estas instalaciones. En este sentido, las plataformas apuntan a riesgos relacionados con emisiones de gases contaminantes, malos olores, bioaerosoles, plagas, accidentes graves y contaminación de aguas subterráneas y superficiales.
Entre los riesgos señalados figuran la emisión de amoníaco, ácido sulfhídrico, metano y bioaerosoles, además del incremento del tráfico pesado, la atracción de vectores biológicos y la posible afección a captaciones de agua. También advierten de los problemas que, según sostienen, puede generar el uso del digestato como fertilizante en zonas con acuíferos tensionados y contaminación por nitratos.
Las plataformas subrayan que su oposición a las macroplantas de biometano no supone un rechazo al sector agrario. Al contrario, aseguran que muchos agricultores y trabajadores del campo comparten la preocupación por el impacto que estas instalaciones pueden tener sobre la calidad del agua, los suelos, las cosechas, las denominaciones de origen y la imagen de los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha.
Por todo ello, las plataformas Stop Biometano de Castilla-La Mancha solicitan a José María Fresneda una rectificación pública de sus declaraciones y piden al medio que difundió esas afirmaciones que otorgue a esta respuesta un espacio equivalente. Asimismo, invitan al presidente regional de ASAJA a comparecer públicamente ante los vecinos afectados para debatir, con datos y transparencia, sobre el modelo de implantación de las plantas de biometano en la región.
Las plataformas concluyen reclamando la anulación completa del Plan Regional de Biometanización y la apertura de un debate público real, transparente y con garantías sobre el futuro de los municipios afectados.
