La organización agraria reclama una planificación “más equilibrada” y pide priorizar las necesidades hídricas de agricultores y ganaderos de la región
ASAJA Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes de las principales demarcaciones hidrográficas de la región dentro del cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033, con el objetivo de garantizar el acceso al agua para agricultores y ganaderos castellano-manchegos.
La organización agraria considera que el planteamiento actual del Ministerio para la Transición Ecológica pone en riesgo la viabilidad del sector primario en la comunidad autónoma y reclama una revisión de los distintos planes de cuenca para equilibrar la protección ambiental con la sostenibilidad económica y social del regadío.
El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha defendido que las alegaciones presentadas buscan incorporar “una visión más equilibrada entre la protección ambiental y la viabilidad económica y social del regadío”, insistiendo además en la necesidad de una planificación basada en criterios técnicos y adaptada a la realidad productiva de cada territorio.
Entre las principales reivindicaciones de la organización agraria figura el reconocimiento efectivo de la prioridad de la cuenca cedente en la gestión de los recursos hídricos, garantizando primero las necesidades de agricultores y territorios de origen antes de destinar agua a otros usos.
Fresneda ha subrayado además que “el regadío debe ser reconocido como un activo estratégico tanto económico como social y de soberanía alimentaria”.
ASAJA también reclama inversiones en infraestructuras hidráulicas, modernización de regadíos y una gestión más eficiente de los recursos disponibles para asegurar la seguridad hídrica del sector agrario y ganadero.
La organización ha defendido igualmente que los agricultores son los primeros interesados en una gestión sostenible del agua, rechazando que el coste de la transición ecológica recaiga exclusivamente sobre el sector primario mientras otros usos permanecen protegidos frente a restricciones.
El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha ha insistido en que el debate sobre el agua debe situarse por encima de intereses políticos y partidistas.
“El problema del agua ya se escapa de cualquier tipo de debate político o partidista; está por encima de todas esas discusiones”, ha señalado Fresneda, quien además ha pedido al Gobierno regional que lidere una posición común junto a agentes sociales, económicos y políticos para defender los intereses hídricos de Castilla-La Mancha “con una sola voz”.
Las alegaciones presentadas por ASAJA Castilla-La Mancha incluyen propuestas específicas para las distintas demarcaciones hidrográficas que afectan a la región.
En la cuenca del Tajo, la organización solicita impulsar la conexión entre el sistema del río Sorbe y el embalse de Alcorlo, avanzar en la modernización de regadíos en zonas como el Canal del Henares, la Real Acequia del Jarama o el Alberche, así como ejecutar infraestructuras de recarga de acuíferos y revisar los índices de explotación de aguas subterráneas.
En el Guadiana, ASAJA reclama mantener el Plan Especial del Alto Guadiana y revisar la metodología utilizada para diagnosticar las masas de agua. También rechaza que los costes de depuración urbana recaigan sobre el regadío y muestra su oposición a considerar residuos los nutrientes de origen agrario y ganadero en zonas vulnerables.
Respecto a la cuenca del Júcar, la organización agraria insiste en consolidar los regadíos existentes, ejecutar las obras pendientes para sustituir bombeos y garantizar la continuidad del sistema Mancha Oriental.
En el Segura, las alegaciones defienden la sostenibilidad del regadío en el sureste de la provincia de Albacete, mientras que en el Guadalquivir se reclama la construcción de infraestructuras de regulación en el río Guadalén y del azud del Castillo de Montizón para reforzar la seguridad hídrica del Campo de Montiel.
ASAJA Castilla-La Mancha considera que el futuro del sector agrario regional depende de una planificación hidrológica “realista, equilibrada y adaptada” a las necesidades del territorio y de quienes viven del campo.
